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Dictamen sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación Imprimir E-Mail
Escrito por Valeria Perez   
Monday, 29 de June de 2015
DICTAMEN DE LA SECCIÓN DE DERECHO PENAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES SOBRE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN, APROBADA POR EL CONGRESO DE LA NACIÓN

1. La ley 27.063 implicó una modificación sustancial en nuestro sistema de enjuiciamiento. Entre esos múltiples cambios se destaca, por su significación institucional, la adopción de un sistema acusatorio en el que los fiscales pasaron a tener un protagonismo decisivo. En la práctica, el nuevo sistema implica que toda la potestad en la persecución de los delitos estará a cargo de los fiscales, quienes mediante criterios que se conocen como de oportunidad y disponibilidad de la acción penal podrán decidir cuáles hechos delictivos se persiguen y cuáles no, como también cuáles no corresponde la imposición de una pena en determinados casos. Es decir, el nuevo modelo implica también el abandono del clásico principio de legalidad procesal en virtual del cual todos los delitos deben ser investigados.

2. La ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación pone esta inmensa potestad en materia penal en cabeza del Procurador General de la Nación, a quien los fiscales le están sujetos a través de una estructura totalmente vertical.

En efecto, el Procurador General, como consecuencia de la excesiva concentración de poder que se le reconoce, está facultado para “fijar la política de persecución criminal”, dictar instrucciones generales de cumplimiento obligatorio para los fiscales y, a través de funcionarios que, en muchos casos, designa sin mediar un proceso previo de selección, asigna causas sin sujeción a criterios objetivos preestablecidos, incorpora nuevos fiscales a causas en trámite y, en general, conduce con una gran flexibilidad la actuación de los fiscales.

3. Que se atribuya al Procurador General de la Nación la facultad de fijar la política de persecución criminal con los alcances ya mencionados, implica delegarle una función propia del Poder Legislativo y, a la vez, distorsionar el fundamento de la existencia del Ministerio Público Fiscal. Ya que, como es sabido, el fiscal no es titular del derecho contenido en la acción penal sino que es un representante de la sociedad en la persecución de los delitos. Dicho de modo más directo, el fiscal actúa en el proceso penal como representante de los intereses generales de la sociedad y la legalidad. Es, en términos jurídicos, un sustituto procesal.

4. Por otra parte, en la fijación de la política de persecución criminal, en el dictado de las instrucciones generales y en la asignación de casos -a través de funcionarios designados por él- el Procurador General carecerá legalmente de control alguno. En efecto, el proyecto determina que el Ministerio Público Fiscal de la Nación ejerce sus funciones sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura (artículo 4); su relación con el Poder Ejecutivo se limita a la posibilidad de coordinar esfuerzos (artículo 5); y su relación con el Poder Legislativo, a remitir a una Comisión Bilateral un informe de lo actuado por los órganos bajo su competencia en oportunidad de inaugurar el período de sesiones ordinarias (artículo 6). Lo que, tanto por sus características como por tratarse de un informe sobre una gestión ya realizada, no puede considerarse un verdadero control.

5. La ley bajo análisis -unida a las facultades que el nuevo Código Procesal Penal concede a los fiscales-, ha delegado y concentrado, entonces, en la sola persona que ocupe el cargo de Procurador General de la Nación, el ejercicio de todo el poder penal del Estado. Con límites sumamente flexibles y sin controles.

Por todo ello, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires manifiesta su disconformidad y preocupación ante la sanción de esta ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal en abierta violación de nuestra Constitución Nacional.

 Buenos Aires, 25 de junio de 2015.

 

Roberto E. Luqui                           Gregorio Badeni

Académico Secretario                       Académico Presidente
 
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